Pues ahora resulta que en el mes de agosto de 2019, los sistemas de cómputo de la autoridad hacendaria de Bulgaria fueron infiltrados por hackers quienes se robaron información fiscal personal, no tan solo de ciudadanos Búlgaros, sino también de ciudadanos y residentes de países con los cuales Bulgaria intercambia automáticamente información fiscal al amparo de los “Common Reporting Standards” o CRS, por sus siglas en inglés. Los ciudadanos y residentes afectados por este robo cibernético son, hasta el momento, de Bulgaria, Canadá, y Nueva Zelanda.
¡Aunque usted, no lo crea!
Según los reportes iniciales, el robo consistió “sólo en los números de identificación fiscal, sus fechas de nacimiento, sus nombres, y sus direcciones”. Esta declaración es para hervir la sangre. Si bien esta filtración de información es gravísima por si sola, más grave aún es la ligereza con que las autoridades hacendarias de los gobiernos involucrados se han pronunciado oficialmente al respecto, en el sentido de que no hay nada que temer ni nada que hacer para remediar el problema, mas solo estar a la expectativa en caso de que alguien pretenda hacer mal uso de la información.
Falta de Seguridad y Complicidad Incondicional
Es increíble que los gobiernos no quieran, o más bien no les convenga, aceptar que este robo sin duda alguna pone en peligro no tan solo el mal uso de la información en el futuro, sino que pone en riesgo la seguridad e integridad física, la privacidad, y la extorsión de los contribuyentes y sus familias cuya información fiscal personal ha quedado expuesta.
A pesar de todo esto, los mismos gobiernos anunciaron que seguirán trabajando con la Organización para la Coordinación y Desarrollo Económico (OCDE) y sus miembros para seguir implementando los esfuerzos del intercambio automático de información fiscal.
Desdén de la OCDE
También es muy significativo que la propia OCDE no se haya pronunciado al respecto hasta esta fecha, no obstante después de haber fijado su postura oficial en el sentido de amedrentar a a toda persona, y a sus asesores profesionales, que pretendan implementar estrategias legales para evitar los reportes correspondientes a CRS, con catalogarlos o marcarlos como evasores fiscales, especialmente ahora que ya hay pruebas contundentes de los riesgos que conlleva el cumplir voluntariamente con esas obligaciones de reporte.
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